California retiró 67.000 dólares en multas impuestas a una iglesia y una escuela cristiana del Área de la Bahía por supuestas violaciones a las normas de COVID-19, en lo que los abogados califican como una vindicación “histórica”. Todas las citaciones contra Calvary Chapel San Jose (CCSJ) y Calvary Christian Academy (CCA) fueron desestimadas sin que se encontrara irregularidad alguna.
En diciembre de 2020, inspectores de la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA) visitaron la iglesia y la academia tras denuncias de que los niños no usaban mascarilla. Luego de la inspección inicial, la agencia pidió a un tribunal una orden para realizar nuevas revisiones por presuntas violaciones.
Según los abogados de Advocates for Faith & Freedom, el Estado se basó en una declaración jurada defectuosa para solicitar esa orden judicial. Aun así, un juez concedió la petición, lo que derivó en 15 citaciones que sumaban 67.330 dólares en multas.
La organización legal, que representa a la iglesia y a la escuela, logró que se suprimiera toda la evidencia obtenida mediante esa orden, al argumentar que no cumplía con los requisitos específicos de la Cuarta Enmienda. El Tribunal Superior estuvo de acuerdo y aceptó la moción para excluir las pruebas.
Sin ese núcleo probatorio, Cal/OSHA retiró finalmente todas las citaciones restantes. La agencia determinó que no había hallazgo de conducta indebida, y el acuerdo establece que ni la iglesia ni la escuela admiten culpa y que la resolución no podrá usarse en su contra en procesos futuros.
“Esta es una victoria completa, no solo para Calvary Christian Academy, sino para cada iglesia y escuela cristiana en California”, afirmó Joel Oster, vicepresidente y jefe de litigios de Advocates for Faith & Freedom. A su juicio, el Estado intentó usar OSHA “como arma para intimidar a una institución religiosa” y terminó teniendo que desistir de sus propias acusaciones.
El abogado Nicolai Cocis señaló que el fallo confirma los derechos constitucionales de Calvary Chapel San Jose y de la academia. Subrayó que la decisión resalta la importancia del debido proceso y la protección de las libertades religiosas frente a excesos injustificados del gobierno.
A inicios de este mes, Advocates for Faith & Freedom anunció que se unirá al American Center for Law & Justice (ACLJ) para defender al pastor Mike McClure, de Calvary Chapel San Jose, ante la Corte Suprema de EE.UU. Buscan que se anulen más de 1,2 millones de dólares en multas impuestas bajo las órdenes de confinamiento del gobernador Gavin Newsom.
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Los abogados recuerdan que, en casos como Tandon v. Newsom, la Corte Suprema ya sostuvo que las reuniones religiosas no pueden ser tratadas peor que actividades seculares comparables. “Las iglesias fueron castigadas mientras entidades seculares operaban con libertad”, dijo Oster.
“Si el gobierno puede imponer sanciones aplastantes hasta que las iglesias cedan sus libertades constitucionales, entonces esas libertades no significan nada”, añadió el abogado. Se espera que la petición ante la Corte Suprema sea presentada en las próximas semanas, en lo que podría convertirse en otro caso clave sobre libertad religiosa en tiempos de emergencia sanitaria.